[Entrevistas] La comida ambulante en Bogotá

Alfonso Narváez – Mariana Mosquera

La comida callejera se ha tomado todas las localidades de la capital, y el debate sobre qué hacer con los vendedores ambulantes es más complejo de lo que parece. En este reportaje se exploran las dos visiones sobre un mismo tema: la de la Alcaldía con su propuesta de recuperar el espacio público, y el de los vendedores que reclaman el derecho al trabajo.

Hamburguesas, arepas, empanadas, perros calientes, jugos naturales y otros productos se encuentran al paso del bogotano todos los días. El menú de los carritos de comida en las aceras o cerca las estaciones de Transmilenio son alternativas económicas y de fácil acceso cuando no alcanzó el tiempo para el desayuno, o cuando el hambre apremia y hay poco dinero en el bolsillo.

Sin embargo, ¿se ha preguntado por las historias detrás de los vendedores? ¿El cómo llegaron a la zona, su relación con la policía, y sus colegas? ¿Cómo se mueve este gremio prohibido? En palabras de la vendedora Gloria Serrato de 62 años, “nosotros jugamos al gato y al ratón”.

“Cuando la policía no acecha se trabaja bajo sol, lluvia, y en compañía de algunos ladrones”, comenta Isabel de 74 años, que esconde un destornillador entre sus herramientas de trabajo y no precisamente para hacerle arreglos a su carrito; así como una varilla que sirve de alarma al rugir contra el asfalto para ahuyentar a quienes intentaron una vez llevarse su celular. “Esto puede ser cerca a la Javeriana pero no crean, esto es la calle”, dice Isabel al describir un día en su puesto de trabajo.

La venta informal en la ciudad es una expresión de la tasa de desempleo nacional, que corresponde al 10,2% en lo que va del 2019, según el DANE, como también una muestra de la vulnerabilidad de la tercera edad que no recibe pensión. La venta de comida en espacio público ha sido uno de los temas centrales en las agendas de recuperación de las administraciones distritales a lo largo de la historia. Desde la década del setenta empezaron a expedir decretos sobre el espacio, establecer regulaciones, sanciones a las ventas de comida callejera, así como los requisitos que deben cumplir los vendedores de alimentos contemplados en la Resolución 604 de 1993 del Ministerio de Salud. Muchas reglas poco comunicadas y sin soluciones estructurales.

Directo Bogotá se acercó a los vendedores de comida ambulante de cuatro localidades: La Candelaria, Chapinero, Usaquén, y Suba, para conocer los detalles de su labor y la dinámica que tienen con las instituciones de la administración distrital encargadas de las ventas informales.

Hamburguesas del Pacífico

Wilson Valencia es oriundo del Chocó. Lleva 10 años vendiendo hamburguesas y perros calientes cuyos precios oscilan entre $3.500 y $2.500 pesos; con este trabajo sostiene a su familia. Se traslada todos los días desde su casa en Ciudad Bolívar al Museo Nacional donde estableció su carrito de ventas hace cerca de dos años. Su esposa y su hija lo acompañan los fines de semana mientras cocina para los transeúntes que atiende con música.

Directo Bogotá (DB): ¿Por qué empezaste a trabajar frente al museo?

Wilson Valencia (WV): Porque no conseguía trabajo y por aquí pasaba mucha gente, entonces en un punto dije “me parece una buena opción”.

DB: ¿En el tiempo que llevas aquí, has tenido problemas con la policía?

WV: Sí, ellos llegan y lo van golpeando a uno. No le hablan decentemente, sino que lo van quitando a la brava. Un día les contesté y me llamaron a la patrulla. Me pasearon (risas). Me tuvieron en el CAI de aquí arriba y me soltaron como a las 9:00 de la noche.

DB: ¿Has recibido alguna ayuda de la Alcaldía, algún incentivo?

WV: No, nunca.

DB: ¿Y no has escuchado de algún programa que ofrezca la Alcaldía?

WV: Pues la Alcaldía lo único que manda es a los del Instituto Para La Economía Social (IPES), pero ellos no dan nada de alternativas porque los carritos no son una forma de organizarnos.

DB: ¿Esos módulos? (En referencia a los quioscos de latón ubicados a lo largo de la carrera séptima).

WV: Esos incluso están pensando en quitarlos porque en esos la gente paga 15,000 pesos al mes y por los otros van a cobrar 94,000 mil (carritos de venta autorizados con el escudo de la Alcaldía Mayor de Bogotá). Entonces van a quitar todos los quioscos.

DB: ¿Qué te ha dicho el IPES?

WV: Un día vinieron a censarme; desde que yo estoy aquí me han censado quizás unas 20 veces. La otra vez estuvimos buscando unos cursos con el SENA y el teléfono nunca sonó. O sea, ellos vienen, le toman la información al vendedor ambulante para poder lavarse las manos y decir “les ofrecimos y nunca”… Asprilla, el congresista, (él venía y nos colaboraba cuando la Policía nos atropellaba) nos decía que no nos anotáramos al IPES porque eso nunca nos da una ayuda. Una ayuda no es darnos un quiosco de esos porque uno queda en el mismo lugar, en la calle.

DB: ¿Cotizas pensión?

WV: No nada. Lo único que tengo es SISBEN.

Lo que dicen las instituciones

En la página web de la Alcaldía, al hacer clic en el ícono que representa a los vendedores informales se muestra el ideal que pretende el programa distrital de “Brindar una oportunidad de generación de ingresos a la población de vendedores informales, personas mayores y con discapacidad, mediante el acompañamiento, asistencia, técnica comercial y psicosocial que propenden por la sostenibilidad de las unidades de negocio”.

Luego sigue un listado de 15 párrafos de requisitos para acceder a uno de los quioscos autorizados por la Alcaldía. Algunos de estos son el necesario cumplimiento de los criterios de ingreso establecidos por el IPES, como asistir a un proceso de entrevista y participar en los sorteos programados para la asignación de los espacios que se encuentren disponibles.

El IPES es la Entidad Distrital encargada de brindar alternativas productivas a la población de la Economía informal de Bogotá. Cuenta con un programa denominado Capacitación para el trabajo y/o el emprendimiento que pretende extraer a la mayor cantidad de personas de la informalidad con el objetivo de fortalecer las habilidades de los comerciantes de la economía informal y hacerlos más competitivos en la oferta de sus productos o conseguir un empleo digno y seguro.

Algunos puntos que pueden resultar problemáticos son los cursos certificados cuando la persona asiste a la totalidad de las horas de acuerdo con los condicionamientos específicos de cada curso. La persona debe acercarse en las fecha, hora y lugar indicado para recibir la capacitación. El curso solo se podrá iniciar cuando se tengan mínimo 30 personas inscritas. No existe ningún subsidio económico. Debe tener un correo electrónico activo y de uso permanente al momento de realizar su inscripción.

Mira la información sobre el proceso de formalización aquí

La Súper Hamburguesa

Al lado del Parque Nacional, sobre la carrera séptima con calle 36, está ubicado el puesto donde trabaja Winder Romero los fines de semana. Comenzó cocinando hamburguesas, ensaladas y almuerzos cuando vivía en Caracas, al tiempo que hacía sus estudios universitarios. Desde hace mes y medio trabaja junto al parque con el carrito que le renta una amiga colombiana a cambio de un porcentaje del producido de la jornada. El resto de la semana trabaja sin contrato, por turnos, en un restaurante para lograr subsistir. Otros vendedores señalan que los venezolanos son su mayor competencia.

Directo Bogotá (DB): ¿Cuál es la mayor dificultad a la que te has enfrentado?

Winder Romero (WR): De pronto que la policía a veces molesta por el espacio, porque a ellos no les gusta que uno esté acá, pero igual intento. Si la policía me dice que recoja yo obviamente acato la orden de irme porque es importante hacer caso.

DB: ¿Conoces algún programa de formalización por parte de la Alcaldía?

WR: No, la verdad no tengo ninguna información sobre eso, no sabía que se podía hacer algo así.

El trato con la policía

Uno de los policías encargados de vigilar la zona peatonal de la carrera séptima (en donde son prohibidas las ventas informales) en el centro de la ciudad, bajo reserva de fuente, comentó que la Alcaldía, junto a los gestores de convivencia, cuya labor es la mediación de situaciones que pueden generar conflictividad social, están trabajando para reubicar a los vendedores que se han formalizado a través de la carnetización, y para ellos se le asignará un policía por vendedor para mayor cobertura de vigilancia. La ubicación está a cargo del Gobierno, pero ha sido un proceso complicado puesto que vuelven a ubicarse en el mismo lugar luego del desalojo.

De salas de cine al jugo de naranja

DB: ¿Tú piensas que a ti no te molestan por ofrecer un buen producto?

VS: Sí, mi juguito es muy bueno (risas); no está adulterado, es la pura naranja. Yo por eso no me quejo, nunca me han llamado la atención. Para mí, la policía molesta cuando están (los vendedores ambulantes) estorbando en un sector donde hay mucho comercio.

DB: ¿Cómo llegaste a vender jugo de naranja?

VS: Llegué a esto por falta de empleo. Yo no tengo pensión, vivo solito en una habitación y pago arriendo. Vivo totalmente de mi negocio, no tengo otra entrada, no tengo más. Esta es mi vida, tengo 78 años.

DB: ¿Antes estuviste vinculado a una empresa?

VS: Yo trabajé, a mucho orgullo, con Cine Colombia. Fui el operador número uno de Cine Colombia. Yo manejaba las máquinas de los teatros; en ese tiempo había 140 teatros en Bogotá.

DB: ¿Y por qué saliste sin pensión de Cine Colombia?

VS: Porque en ese tiempo yo tenía acumuladas mis semanas, pero entonces pusieron unos buenos empleados para quitarle las pensiones a los que ya estábamos por pensionarnos. A mí me quitaron cinco años de trabajo; eso lo arreglaban y lo indemnizaban a uno para quitarle la pensión. Perdí mi pensión porque yo acepté, en ese tiempo, recibir la indemnización y no la pensión. Me quedé sin ella.

DB: ¿Recibes alguna ayuda del Gobierno?

VS: Yo tengo la pensionsita del Gobierno, el bono.

DB: ¿Has escuchado de alguna campaña que ofrece el Gobierno para formalizar tu trabajo?

VS: No, nunca me han comunicado ni he sabido nada de eso.

DB: ¿En tu habitación tienes acceso a internet o cómo sueles informarte?

VS: Solo tengo un televisorcito.

Es importante resaltar que la mayoría de los documentos sobre los programas de formalización, apoyo y capacitación están en internet, en la página web de la Alcaldía y en la división del IPES, cosa que representa un obstáculo para personas que no cuentan con acceso a internet en sus hogares.

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La Súper Hamburguesa de Gloria

Gloria Salinas es madre cabeza de hogar; ha trabajado vendiendo hamburguesas en el centro de la ciudad desde hace dos años cuando quedó desempleada. Trabajó en varias ocasiones en empresas de aseo que le permitieron cotizar pensión, actualmente le faltan tres años para conseguirla. Con el carrito que le compró a uno de sus familiares vende combos de perros y hamburguesas entre $2.500 y $3.500 pesos.

Directo Bogotá (DB): ¿Ha llegado el IPES a censarte?

Gloria Salinas (GS): Sí.

DB: ¿Has recibido algún incentivo por parte de la Alcaldía?

GS: Sí, ya ahoritica estoy anotada para ver si me dan un carrito de comida rápida que van a entregar. Como esos tienen el logo de la alcaldía entonces ya no me van a molestar. Uno va a tener carné, va a tener uniforme, le van a dar una especialidad a cada uno, como un curso de manipulación de alimentos, todo eso.

DB: ¿Has tenido algún problema con la policía?

GS: Sí, me quitan a cada rato. Esto es prohibido por el espacio público. Entonces yo me quito y vuelvo y me coloco, es así todos los días.

DB: ¿El carrito que tienes cuánto te costó?

GS: Este me costó $200.000 pesos. Por el de la alcaldía uno paga 90.000 pesos al mes. Los del programa quedaron en llamarme en 20 días.

Las Mazorcas de Luz Marina

Luz Marina Guzmán lleva 22 años vendiendo mazorcas, obleas y cigarrillos en Usaquén para sostener a su familia, de la cual es su único soporte. Cuando hay desalojo policial sube el brasero con el carbón aún humeante en su cabeza y corre cuadras arriba de la Plaza.

Directo Bogotá (DB): ¿La venta de mazorcas te da lo suficiente para subsistir?

Luz Guzmán (LG): No, madre, yo me la rebusco acá entre semana con esos cigarrillitos y esas obleas. Una cosa con otra, y ahí me reúno lo del arriendo, lo de la comida, lo de los servicios porque esto… nos toca fuerte, nos toca fuerte. Las mazorcas solo las vendo sábado, domingo y lunes festivo, pero cuando llueve pierde uno y cuando no nos dejan trabajar, igual.

DB: ¿Has recibido alguna ayuda de la Alcaldía para formalizar tu negocio?

LG: Nada, antes nos quitan. Me han dejado en la hijuemáquina, porque no han dejado trabajar. En diciembre, que no dejaban trabajar o decomisaban. Nada de ayuda, antes nos quitan.

DB: ¿Qué sabes del IPES?

LG: Pues supuestamente llevamos ya años disque afiliados al IPES, pero nunca salen con nada. Con nada.

DB: ¿Has hecho cursos con ellos o has ido a las charlas que ofrecen?

LG: No. No sabía.

DB: ¿Cada cuánto te desalojan?

LG: Eso no se sabe, pero cuando vienen yo me echo mi brasero encima y salgo corriendo. Yo corro hasta donde sea y doy la vuelta y vuelvo y me les hago aquí. Eso sí, guerreo.

DB: ¿Cuánto gastas en implementos?

LG: Yo voy a Abastos. Hoy me cobraron a $25,000 mil pesos la docena, y $13.000 mil por la media. Yo me subo en Transmilenio y a veces me cuelo porque, a veces, no tiene uno ni pa’ un pasaje. Y me toca pagar $20,000 mil la guardada del brasero a la semana.

DB: ¿Cotizas pensión?

LG: No señor.

Es claro que las personas que acuden a la venta de comida informal no lo hacen por opción sino por necesidad y sus compradores puede que lo hagan por practicidad y economía. Es una respuesta a una precaria oferta de empleo que tampoco puede adjudicarse enteramente a la alcaldía actual. Es un problema estructural mucho más amplio, que lleva acumulándose desde hace décadas. Es entendible que se busque acabar con la venta de comida informal por la dificultad de garantizar productos que no atenten contra la salud de quienes los consumen, pues no cumplen con los requisitos básicos que se piden para obtener el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (INVIMA) y por razones de estética, seguridad y paisajismo.

Pero los testimonios revelan que hay demanda y ganas de salir adelante sin importar la edad, los peligros de la calle o el constante desalojo de la policía. A su vez, es evidente la falta de comunicación de los encargados de organizar a estas personas por más de que existan planes de gobierno que ofrecen soluciones. En febrero, la ciudad se escandalizó con la multa de $800,000 pesos que pagó un estudiante por comprar una empanada en la calle, pues es algo cotidiano para los bogotanos que viven con presupuesto apretado ¿entonces los vendedores ambulantes qué son, criminales o héroes del emprendimiento?

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