Paula Ruiz // [email protected]
El Proyecto de Ley liderado por Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo (padres de Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado a manos de un patrullero de la policía) junto al Colectivo Tripido, busca la defensa, protección y desarrollo del grafiti y el muralismo en todo el territorio nacional.
El grafiti se caracteriza por la creación pictórica libre e indiscriminada sobre lugares públicos, paredes o superficies que al ser intervenidas alteran el espacio cotidiano generando opinión y contracultura.
En Colombia era una práctica sin reglamentación clara hasta que en 2011, debido al abuso de autoridad por parte del patrullero Wilmer Alarcón que cobró la vida del joven grafitero Diego Felipe Becerra, se hizo necesario el debate sobre cómo deben proceder las autoridades, los ciudadanos y los artistas.
“Nosotros hemos estado tratando de trabajar en varias cosas en pro del grafiti, haciendo esos trabajos empezamos a tener contacto con mucha gente y con Liliana alguna vez hablamos que sería bueno proteger a los muchachos, entonces surgió la idea de crear una Ley Nacional del Grafiti.” relata Gustavo Trejos.
Inicialmente el proyecto fue pensado para Bogotá, pero al ver que la problemática de abuso policial se extendía a otras ciudades la propuesta fue creciendo hasta abarcar todo el territorio nacional.
Anteriormente estaba estipulado que toda persona que se encontrara ejerciendo el grafiti tendría que ser llevado a la Unidad Permanente de Justicia – UPJ y sus elementos de pintura decomisados. “Nosotros logramos que metieran dentro del nuevo Código de Policía que no se puede presentar abuso de autoridad contra los practicantes del grafiti, que no se les puede decomisar los materiales con los cuales están trabajando y que en caso de requerir una contravención que les pusieran la contravención pero que trataran de no llevarlos a la UPJ” asegura el padre de Diego Felipe.
Es en el Artículo 140 del Código Nacional de Policía donde se establece que quien incurra en estas medidas recibirá una Multa General de tipo 2, es decir, deberá realizar la reparación y mantenimiento de los daños materiales de muebles o inmuebles, también se aclara que bajo ninguna circunstancia el ejercicio del grafiti, justificará por sí solo, el uso de la fuerza, ni la incautación de sus instrumentos. A pesar de esto, al no contemplarse por escrito está a libre albedrío de la policía llevar o no a la persona a la UPJ.
Para cubrir estos vacíos el Proyecto de Ley Nacional del Grafiti y el Muralismo Diego Felipe Becerra propone buscar un marco legal en el que se pueda proteger a los artistas, además de prevenir y revertir su estigmatización y criminalización. El ideal es generar espacios destinados para este arte y crear el “Día Nacional de la práctica responsable del grafiti, homenaje a Diego Felipe Becerra” en el que se busque el fomento y promoción de este arte a través de conversatorios, concursos e intervención del espacio público.
Dependiendo de la zona que se establezca para tal fin el objetivo es que la comunidad se beneficie y se sienta representada por las obras de estos artistas, trabajar en la recuperación e intervención de los barrios de la mano de sus propios habitantes y trabajar el grafiti como patrimonio cultural, pintar algo muy significativo para las comunidades para que se preserve por un tiempo más largo.
“La idea es crear escuelas de formación en diferentes ciudades, que el estado apoye esas escuelas de formación y vincular a la mayoría de muchachos para demostrarles que el gobierno les abre espacios y que hay una reciprocidad, si a mí me abren espacios, me apoyan, pues yo también tengo que apoyar a conservar, a no rayar o hacer otras cosas” comenta Gustavo.
Hasta la fecha no se ha radicado formalmente el proyecto, es necesario la firma de once congresistas para que pase a primer debate, por lo que continúan en la búsqueda de conceptos de universidades, Naciones Unidas, Procuraduría y varios entes para crear un documento más sólido y blindado que sería presentado entre mayo y junio de este año.
En caso de ser aprobado Colombia sería el primer país en crear normas para la protección y el ejercicio pleno del grafiti y el muralismo a nivel nacional.
La gira de socialización del proyecto inició en diciembre de 2017 bajo la premisa “¡Qué pintar no nos cueste la vida!” y ha visitado ciudades como Medellín, Cali, Ibagué, Pasto, Popayán, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Pereira, entre otras.
La construcción de este boceto de ley es un ejercicio colectivo y como tal está abierto al debate, hay quienes lo apoyan y quienes lo rechazan, como “Sterling”, artista bogotano, quien afirma que “La esencia del grafiti es que no se puede regular, es salvaje, libre. Además qué tanta libertad van a tener los muralistas en la temática de lo que se vaya a hacer, regular es censurar y decidir qué va y qué no va, entonces controlar es someter el grafiti.” o “Valen$”, grafitero, quien expresó “Me vincularía a la iniciativa porque he sido testigo del crecimiento del grafiti en Bogotá, viendo tal crecimiento estaría de acuerdo en aportar ideas que permitan a los artistas y a los grafiteros urbanos poder tener un espacio o una serie de compromisos y permisos que le permitan realizar este tipo de arte sin ninguna restricción.”
Mientras tanto la lucha de estos padres continuará y seguirán haciendo todo lo que esté a su alcance para proteger a los muchachos, que al igual que Diego Felipe, solo quieren dejar la vida en sus obras y no perderla a costa de la intolerancia.
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