Por: Laura Sofía Celis Irurita // Periodismo de conflicto

Todas aquellas menciones de terceros civiles y económicos realizadas por paramilitares en Justicia y Paz se han convertido en un “círculo de impunidad”, a causa de conflictos de interés, procesos congelados y otros entrampamientos institucionales. Así lo afirma un experto en el tema, cuyo nombre mantenemos bajo secreto por motivos de seguridad.

En las versiones libres que han rendido exjefes paramilitares ante los tribunales de Justicia y Paz de la justicia transicional, han nombrado a terceros que los habrían apoyado: civiles, agentes del Estado no combatientes e integrantes de organizaciones al margen de la ley. Dichas menciones se convirtieron en compulsas de copias —un total de 16 980 para abril de 2020, según estadísticas de la Fiscalía General de la Nación—. “Dentro de lo que hacían estos terceros involucrados en el conflicto armado colombiano estaba, en primer lugar, solicitar a las estructuras paramilitares su presencia en los territorios, y, segundo, financiar dichas estructuras. Colaboraban con dinero o con la compra de armas para que estos se mantuvieran en el territorio y pudieran salvaguardar su proceso mercantilista”, afirma un experto en Justicia y Paz.

Y continúa: “Por otro lado, los paramilitares colaboraban recepcionando información, por ejemplo, de sindicalistas o defensores de derechos humanos que se oponían a las empresas. Al entregar esta información, se le pone a la persona una cruz, y ahí se generaban los asesinatos de los líderes y lideresas que hasta hoy suceden. Lo cuarto sería[n] las alianzas para lograr beneficios: se aliaban para presionar a la comunidad, para que votaran por alguien que al subir al poder pudiera influenciar en las leyes, en los impuestos y demás; que los beneficiara. Y, finalmente, el uso y tenencia de la tierra; en ese marco, las grandes empresas lo que hacían era aprovecharse del paramilitarismo en la zona para lograr que la gente vendiera a precios irrisorios por miedo o por las amenazas, [para que] tuvieran que desplazarse y ellos ocupar esos territorios”.

“A partir de la expedición de la Ley 975 de 2005 se genera todo un proceso y un andamiaje judicial para lograr la desmovilización de los grupos paramilitares. Con este vienen unas personas postuladas al proceso a dar sus versiones, y, una vez dentro del mismo, la Fiscalía tenía y tiene la labor de llevar a cabo una investigación formal junto a los magistrados de conocimiento que están vinculados a los tribunales de los diferentes territorios. En este caso son tres: el de Medellín, el de Barranquilla y el de Bogotá”, explica.

Desde estos tribunales del distrito judicial, donde existen salas de conocimiento de Justicia y Paz, los magistrados son quienes orientan todo el proceso de conocimiento de los casos relativos a los paramilitares en el marco del conflicto armado interno colombiano. Y es allí donde los postulados rinden sus versiones libres y sus indagatorias, en las que recuentan cómo se conformaron las estructuras armadas, cómo era su desarrollo económico, cómo consiguieron las armas, cómo se aliaron para llegar a los territorios, cuáles eran los proyectos políticos o militares... Y en medio de estas conversaciones, y por audacia de los fiscales, se empiezan a atar los hilos en la narrativa y a descubrir que estas personas no actuaron de manera independiente, sino que efectivamente hubo unos terceros naturales y jurídicos que ayudaron a la consolidación del paramilitarismo en los territorios.

Como también lo afirma el experto, “si se revisa[n] la jurisprudencia y los procesos, en un 90 % de las estructuras paramilitares los postulados mencionaron o relacionaron directa o indirecta[mente] las alianzas, pactos, apoyos o consentimientos de estos terceros responsables, y desde el primer proceso, que fue el de Diego Vecino y Juancho Dique, se empezaron a decir nombres de esos terceros vinculados y responsables de la financiación, participación, apoyo y alianzas entre paramilitarismo y sociedad, militares y empresarios”.

Mampuján es uno de los casos nacionales emblemáticos sobre la restitución de tierras. La condena por la masacre y desplazamiento en esta vereda de María la Baja (Bolívar) fue la primera que se llevó a cabo contra los jefes paramilitares en el proceso de Justicia y Paz, en el 2010; luego, en abril de 2011, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo. Sin embargo, “con la entrada en vigor de la Ley de Víctimas, tres meses después, el caso de Mampuján se ha convertido en [un] ejemplo para entender las dificultades que trajo el cambio legal para las víctimas del conflicto que ya venían adelantando un proceso en Justicia y Paz”. La sentencia de Mampuján condenó a Diego Vecino y a Juancho Dique a ocho años de cárcel, y le ordenó a la Fiscalía recuperar los bienes de los dos jefes paramilitares desmovilizados para que entraran al Fondo de Reparación de Víctimas. Además, les otorgó a las víctimas una indemnización que, en total, ascendía a 32 mil millones de pesos, para alrededor de 300 familias violentadas.

“En la Ley 975, aportar a la verdad de lo sucedido es un beneficio que mantiene la pena alternativa que se establece en la misma ley. Entonces, si ellos no contaban la verdad de lo que sucedió en el marco del conflicto armado, pero luego la Fiscalía caía en la cuenta o descubría la existencia de esos hechos, corrían el riesgo de ser excluidos del proceso. Esto generó un [...] fenómeno dominó con los primeros postulados que dieron sus versiones libres: empezaron a nombrar terceros, y estos, a otros responsables que no eran parte de la estructura armada”.

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Aunque los postulados por lo general estaban representados por sus apoderados de confianza, estos abogados siempre les indicaron el riesgo que corrían al aportar su versión; cuando los postulados mencionaron a estos terceros civiles o personas jurídicas, en muchos casos fueron asesinados aún en el marco del proceso. Aunque la Fiscalía les otorgó protección a algunos de ellos, el porcentaje de asesinatos fue alto. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de personas mencionadas, para el Estado colombiano era una tarea compleja proteger a cada uno de ellos, ya que casi el 90 % de los postulados estaban aportando información relevante.

Cuando se hace referencia a los casos de terceros civiles —empresarios, comerciantes, trabajadores de profesiones liberales y empresas destinadas a las actividades económicas (agropecuarias, ganaderas o hidrocarburos)—, las menciones han sido bastante importantes. Se ha invocado a la Federación Nacional de Ganaderos, a Ecopetrol, a Chiquita Brands, a Postobón y a Cementos Argos, y respecto a estas existe una gran impunidad. En primer lugar, porque, como en el caso de Chiquita Brands, los altos ejecutivos asignan la responsabilidad a los más bajos rangos; pero, a su vez, porque estas empresas han dicho haber sido amenazadas y haber cedido a las presiones de los grupos paramilitares de colaborar con la financiación. Sin embargo, las investigaciones y los informes de la sociedad civil han demostrado lo contrario.

“La impunidad es alta y también se atribuye a que es tanto el volumen de situaciones y casos que la Fiscalía General de la Nación se queda corta para poder lograr una identificación plena de lo sucedido, y esta gente se oculta detrás de las amenazas y la coacción. Además, que se asuma o no que estas empresas actuaron bajo coacción depende también de los fiscales; si [se trata de] un fiscal acucioso, buscará bajo todos los medios lograr las pruebas para poder vincularlos y poder terminar su proceso de manera correcta; hay otros fiscales que, por el volumen de su trabajo o por sus posturas personales, no logran hacer esa profundización y simplemente las investigaciones se caen”, confirma esta fuente a Directo Bogotá.

Sobre los agentes del Estado no combatientes (funcionarios públicos como alcaldes, gobernadores, jueces o fiscales) también hay amplias versiones, y de allí surge la conocida “parapolítica”: la colaboración entre políticos y paramilitares en los territorios para llegar al Senado, a la Cámara de Representantes u otras instancias. En este caso podemos resaltar a Salvatore Mancuso, a Jorge 40, a los postulados condenados de la Casa Castaño, al Bloque Central Bolívar y al Bloque Elmer Cárdenas; con ellos se revela realmente lo sucedido en la parapolítica. Incluso existieron otros involucrados como jueces, que colaboraban cerrando los procesos y declarándolos nulos, y fiscales, que vendían información importante a los grupos paramilitares.

“Aunque en estos casos las menciones son por nombre propio, creo que hay dos factores que influyen en la impunidad. El primero es [porque] los extraditaban, entonces eso ya era una situación que generaba una impunidad absoluta en los casos en que se estaban investigando. Segundo, cuando la Fiscalía o dentro de la rama judicial y las instituciones se investiga a [los] propios compañeros, se carece de imparcialidad. Entonces, allí muchos de los casos se cerraron y no continuaron. Se dejaron de los archivadores y no los movieron; por lo tanto, precluyeron muchas de esas acciones penales mientras otras cuantas se declararon nulas”, explica.

De acuerdo con el boletín No. 27004 de la Fiscalía, de las 16 772 compulsas que estaban inventariadas hasta 2019, 835 se referían a agentes del Estado no combatientes; 417, a agentes del Estado combatientes, y 311, a terceros civiles. Según la misma entidad, “actualmente [se] adelantan tres líneas de trabajo: una de consolidación del inventario de compulsas y procesos que vienen de Justicia y Paz, otra para dar impulso procesal a esas investigaciones y una tercera destinada a la priorización de los procesos”.

Según cifras de la Corte Constitucional, a 15 años de la expedición de la Ley 975 de Justicia y Paz, se han firmado 100 actas referidas a agentes del Estado, mientras que 175 solicitudes de antiguos funcionarios y 766 de terceros civiles están en trámite. El porcentaje de impunidad sigue siendo bastante alto y las cifras que otorga la Fiscalía evidentemente no concuerdan. Solo una reforma podría cambiar esta situación. Se necesitan independencia y herramientas para lograr hacer efectivas estas investigaciones. “Si son los mismos compañeros y funcionarios de la misma entidad quienes van a llevar a cabo la investigación, sin ningún tipo de independencia, pues esto [conduce a] un círculo vicioso de impunidad”, advierte el experto.

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