Por: Valentina León // Periodismo de conflicto

El rol de los terceros civiles reclutadores en las ejecuciones de los falsos positivos fue crucial. Y también es crucial su deber con la sociedad y, especialmente, con las víctimas de estos atroces actos que enlutaron a miles de familias: las víctimas esperan de parte de estos algo de verdad sobre lo que sucedió con sus seres queridos.

La muerte de Faír Leonardo Porras Bernal fue cantada cuando Dairo José Palomino, un soldado de la Brigada 15 del Batallón GR Francisco de Paula Santander, se contactó con el reclutador Énder Obeso Ocampo, alias Pique. El plan inició con una llamada a la casa de Porras el martes 8 de enero de 2008; Alexánder Carretero, vecino y dueño de la tienda Los Costeños, buscaba a Porras para que le ayudara a vender empanadas, como solía hacer. Faír Leonardo tenía 26 años y padecía de discapacidad física y mental. Su familia la componían su madre, Luz Marina Bernal; su padre, Carlos Faustino Porras; sus hermanas Dolly Caterine y Liz Caroline, y su hermano, John Smith, quien recibió la llamada. Aquella sería la última vez que lo verían con vida.

Al día siguiente, a las 10:15 p. m., un autobús Brasilia salió para Norte de Santander. Allí iban Carretero y Faír Leonardo, y su destino era Aguas Claras, en Ocaña, donde se encontrarían con Pedro Gámez. Se hospedaron en las residencias Santa Clara, y durante todo el día siguiente (es decir el 10 de enero) vieron televisión. Incluso ‘‘aprovecharon también para comprarle ropa. Todos los gastos los pagó Carretero’’ (Salinas, 2017, p. 12). Al día siguiente, a las 7:30 p. m., dejaron el hotel y partieron hacia Ábrego, a poco más de 20 kilómetros de Ocaña. Carretero iba con Faír Leonardo en una moto blanca, mientras que otra moto azul y una camioneta vinotinto estaban a la espera de Pedro Gámez y Uriel Ballesteros, alias Pocho. Ninguna de las motos tenía placas.

En medio de la carretera había un retén del ‘‘teniente Diego Aldaír Vargas Cortés, el cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso y los soldados Carlos Antonio Zapata Roldán, Ricardo García Corzo y Richard Contreras Aguilar’’ (Salinas, p. 12). Detuvieron la moto donde iba Faír y le pidieron sus documentos; pero como unas horas antes Carretero y Gámez se los habían quitado junto a su celular no pudo presentarlos. Así, los militares decidieron separarlo de Alexánder Carretero y sus otros acompañantes, y lo dejaron en un cultivo de tomate.

Un tiempo más tarde, entre las 2:00 y las 3:00 a. m., sonaron los disparos que acabaron con la vida de Faír Leonardo. En ese momento él pasó a ser el abatido jefe de una banda de narcotráfico y terrorismo, acribillado por los militares luego de haber hecho algunos disparos con el arma que tenía en su mano derecha (a pesar de que era zurdo). Por lo menos para el engaño de la Operación Soberanía (nombre de la misión contra las Águilas Negras donde había sido “abatido” Faír Leonardo), así había ocurrido.

Por más de 50 años, Colombia ha vivido un conflicto armado interno que ha dejado secuelas en los ámbitos económico, político, cultural y social. Este ha sido protagonizado por múltiples sujetos: tanto legales como al margen de la ley; unos con carácter político, y otros de ascendencia puramente criminal. Los más reconocidos han sido los actores directos: fuerzas armadas (militares y policías), guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y grupos armados organizados. Sin embargo, no han sido los únicos participantes de esta guerra. Este conflicto también contó con la actividad de terceros, definidos por Dejusticia (2020) como ‘‘aquellas personas naturales que no formaron parte de organizaciones o grupos armados, pero contribuyeron de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto armado interno”.