Por Ana María Cañón
Por décadas, las campañas publicitarias han enviado el mensaje de que menstruar es vergonzante. Hoy, muchas mujeres luchan por cambiar esa concepción. Esta es la radiografía de la menstruación en un país donde faltan políticas públicas sobre este asunto y casi 700 mil mujeres no tienen acceso a insumos para gestionar su periodo.
Toda la vida nos dijeron que la sangre que salía de nuestro cuerpo era sinónimo de vergüenza, asco o incomodidad. Nos enseñaron a susurrar nuestras necesidades, a pintarlas de un color que no fuera “escandaloso”, a usar sobrenombres y códigos para poder decir en voz alta que estábamos menstruando. Quienes vivimos en condiciones privilegiadas, aprendimos sobre la menstruación gracias a los comerciales que pintaban la sangre de color azul, pudimos decirles en secreto a una amiga que nos prestara una toalla o correr y encerrarnos en un baño para no sentir vergüenza. Pero la realidad es que, según un informe del DANE publicado en 2022, en Colombia 683.000 personas menstruantes no pudieron acceder a insumos para gestionar su período y 292.899 tuvieron dificultades para encontrar una instalación sanitaria.
La misma encuesta arrojó que el 3,0 % de las mujeres sin ingresos usó calcetines, servilletas, papel higiénico, trapos sucios o incluso toallas higiénicas usadas. Elementos que la mayoría de las habitantes de calle, recicladoras, trabajadoras sexuales, amas de casa y personas de la comunidad LGBTIQ+ (que viven la pobreza menstrual) usan para contener o absorber la sangre que sale de su cuerpo.
Estos es un problema para su salud, porque “estas personas cuando usan trapos, medias o servilletas pueden tener infecciones, irritación en la vulva y flujos vaginales producidos por la humedad de la menstruación”, dice Adriana Robles Carmona, ginecóloga especializada en ginecología en niñas y adolescentes.
Según Nataly Sarmiento, Co-creadora de Ecolunas Menstruación Digna y Sostenible (una empresa que se dedica a mejorar la calidad de vida de las mujeres y personas menstruantes con insumos sostenibles, educación e información), “hay niñas que dejan de ir al colegio o la universidad no solo por miedo a mancharse, sino porque no tienen el acceso económico para comprar una toalla o un tampón. En otros casos, dependen de sus papás para comprarlo y muchas familias deben decidir entre comprar la comida o comprar las toallas higiénicas”.
Según el DANE, el 3,3% de mujeres aseguró que interrumpió sus actividades diarias por falta de dinero para adquirir los elementos de higiene para atender su periodo menstrual. Esto incrementa la brecha de género, pues una niña que deja de asistir al colegio retrasa su formación y, en consecuencia, pierde oportunidades laborales en el futuro.
Algo similar piensa Ashly Vanesa Portilla Ardila, creadora de la iniciativa “Sangre Invisible”, que busca visibilizar los derechos menstruales de las personas en condición de habitabilidad de calle de Bogotá. Según ella, “uno de los mayores problemas es que la menstruación no se entiende como una necesidad básica. Esto no sucede solo con las mujeres en condición de habitabilidad de calle, sino con personas que tienen más privilegios y más comodidades. La menstruación se entiende como algo que llega y perturba sus vidas”.
Así crecimos, pensando que la menstruación era una carga que debíamos asumir, una queja que debíamos contener o incluso un castigo que debíamos soportar. Pero nunca nos dijeron que era una necesidad básica: “menstruar es un proceso fisiológico, como lo es respirar. No es que nosotras queramos menstruar, es que nosotras sí o sí menstruamos”, dice Nataly Sarmiento.
Robles, por su parte, lo explica así: “la menstruación es el ciclo hormonal que vivimos todas las mujeres durante aproximadamente 40 años de nuestras vidas (…) la menstruación es algo normal y fisiológico que pasa por el ciclo de las hormonas femeninas que producen los ovarios”.
La menstruación, sin embargo, no es solo un proceso fisiológico sino es un acto social, político, cultural, educativo, ambiental, económico y religioso. Por eso, para Eliana Santana, trabajadora social y co-creadora de Ecolunas, sus múltiples experiencias intentando dignificar la menstruación de algunas mujeres de Colombia le han enseñado que “el contexto es lo más importante”.
En sus inicios, tanto ella como Nataly Sarmiento visitaron una cárcel de Bogotá y notaron que para las internas era difícil tener acceso a productos absorbentes porque eran muy costosos en la cárcel y, aunque a ellas les entregan un kit de aseo cuando ingresan, muchas veces se les acaba. Decidieron entonces llevarles copas menstruales y advirtieron que este no era el insumo adecuado para que ellas gestionaran su menstruación por varios factores: primero, no cuentan con agua potable para esterilizar la copa; segundo, este producto se puede prestar para ingresar elementos o sustancias, y tercero, no tienen una manera adecuada de guardarla.
Ambas activistas menstruales fueron a una comunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta y allí se dieron cuenta de que había un fuerte tema cultural que les impedía a las mujeres indígenas usar elementos intravaginales. Después, entre sus múltiples esfuerzos, viajaron al pacífico colombiano para llevar toallas de tela. Resultó que las allí las telas no se secan fácilmente porque en esa región llueve durante gran parte del año.
Gracias a sus experiencias, Sarmiento y Santana entendieron que la menstruación va mucho más allá que sangrar por la vagina y tener insumos para contener esa sangre. “Hay que leer todo el contexto y ver cuáles son las costumbres, si existe o no la facilidad y el acceso para diferentes productos (…) es importante conocer el contexto y sus necesidades para dar posibles soluciones a lo que es la gestión menstrual”, explica Eliana Santana.
Ho en Colombia existen algunas iniciativas en materia legislativa que buscan garantizar los derechos menstruales de la población. Por un lado, la sentencia C-117 de 2018, que logró quitar el impuesto del 5% del IVA a tampones y toallas higiénicas y, para 2021, el de las copas menstruales. Así como la Ley 2261 de 2022, que garantiza la entrega gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene y salud menstrual a las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad.
De igual forma, existen otros intentos en algunas administraciones distritales como el caso de la sentencia T-398 de 2019, que ordena a la Alcaldía de Bogotá proteger los derechos en torno al cuidado menstrual para personas en condición de habitabilidad de calle. Esta sentencia se dio luego de que Martha Cecilia Durán, una mujer habitante de calle, interpusiera una tutela por la falta de recursos para gestionar su menstruación.
Según Ashly Portilla, “más allá de las dificultades en cuanto a las instituciones distritales, es el hecho de qué es lo que implica el ir a recibir estos insumos”, pues personas como Martha Cecilia Durán viven de rebuscarse el diario y, por ende, el tiempo de una mujer en habitabilidad de calle es sumamente valioso. Los procesos, las distancias y la burocracia de algunos trámites terminan siendo obstáculos para que puedan recibir los insumos.
“De nuestra parte, desde la Secretaría de la Mujer, adelantamos la Secretaría Técnica de la mesa distrital de cuidado menstrual y, adicionalmente, se hacen las jornadas de dignidad menstrual, recorridos y estrategias de educación”, menciona Marcia Castro Ramírez, Directora de Enfoque Diferencial de la Secretaría de la Mujer.
Por un lado, los recorridos para mujeres habitantes de calle incluye la visita a los lugares donde se encuentran, la entrega de kits de cuidado menstrual (que incluye toallas higiénicas, papel higiénico, gel antibacterial y una botella de agua potable) y algunos talleres para que puedan tener los cuidados necesarios no solo durante el periodo de menstruación, sino durante todo su ciclo menstrual.
Según los datos otorgados por la Secretaría de la Mujer en el año 2022 se realizaron 6 jornadas por la dignidad menstrual, en la cual participaron 183 personas y para lo corrido del año se han realizado 2 jornadas en las cuales han participado 75 personas, principalmente en las localidades de Kennedy, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Engativá, Chapinero y Santa Fe. “Hemos priorizado las localidades en las que se encuentran las mujeres en condición de vulnerabilidad para optimizar los recursos y mitigar la problemática más a profundidad”, explica Castro.
Aun así, todavía existen grandes retos en cuanto a la facilidad que tienen muchas habitantes de calle para acceder a recursos o instalaciones. “Identificamos en algunos casos que si bien tenemos instituciones del distrito que ofrecen este tipo de servicios de baño y de elementos absorbentes, hay muchos lugares que son muy restrictivos. Algunas de ellas tienen abuso de sustancias y estas instituciones les exigen que estén limpias, entonces es muy complicado”, expone Portilla.
Para la Secretaría de la Mujer, uno de los restos más grande de estas estrategias de cuidado menstrual está en “la falta de espacios e instalaciones sanitarias que permitan llevar a cabo muchas de las iniciativas de cuidado menstrual, especialmente el tema del agua potable y otras condiciones que requieren de un equipamiento mayor que permita atender a las personas habitantes de calle, de manera continua”, dice Castro.
De igual forma, trabajar con población habitante de calle implica un reto porque no es fácil hacer el seguimiento adecuado a las intervenciones. “Tú puedes estar en la localidad de Teusaquillo atendiendo a una mujer —dice Castro— pero si mañana quieres ubicarla para hacer el seguimiento, seguramente no la vas a encontrar allí. No tienes manera de contactarla y saber si efectivamente la estrategia está impactando positivamente su vida”.
Si bien hay un esfuerzo de las entidades distritales en torno a proyectos de dignidad menstrual, la realidad es que todavía hay muchos vacíos: ¿Dónde quedan los derechos de los cuerpos menstruantes que no entran dentro de la categoría de habitantes de calle o personas privadas de la libertad? ¿Qué pasa con el derecho a la gestión menstrual de las niñas y adolescentes en condición de pobreza, de las trabajadoras sexuales, de las personas de la comunidad LGBTIQ+, de las amas de casa o trabajadoras informales que no tienen acceso a recursos, instalaciones o servicios de salud menstrual? ¿Quién cobija sus derechos?
En Bogotá, “el distrito quiso ampliar esa orden de la Corte Constitucional y creó una estrategia de cuidado menstrual que está dirigida no solamente a mujeres habitantes de calle, sino a mujeres que pertenecen a diferentes grupos poblaciones que están en situación de vulnerabilidad”, explica Marcia Castro.
Esta estrategia ha logrado atender a 16 poblaciones que, de alguna manera, se encuentran discriminadas, bien sea por temas de género, raza, discapacidad, por ser mujeres migrantes o por algunas condiciones particulares que han llevado a que vivan una discriminación persistente.
“Se ha logrado trabajar no solo con habitantes de calle, sino con niñas, con recicladoras de oficio, con mujeres privadas de la libertad, con mujeres y comunidades de grupos étnico y con niñas y adolescentes que participan de otros semilleros y proyectos de la Secretaría de la Mujer enfocados en empoderamiento”, destaca Castro.
Sin embargo, a nivel nacional “no hay una ley que hable sobre gestión menstrual para todo el mundo, para el resto de las mujeres (…) el reconocimiento del derecho a la salud menstrual está amarrado a una sentencia constitucional y, aunque eso es vinculante, mientras no haya una legislación que lo reglamente para que el ejecutivo cumpla, seguirá siendo una herramienta de justificación de esto y de política pública, pero no tendrá la claridad en cómo aterrizar un derecho reconocido por la corte”, explica Mariana Sanz de Santamaria, abogada y fundadora de Poderosas.
Frente a esto, en 2021 el Congreso de la República propone un Proyecto de Ley por medio del cual se desarrollaba el derecho a la gestión menstrual. Sin embargo, no logró ser radicado y el debate sobre la salud y gestión menstrual de las mujeres y cuerpos menstruantes sigue siendo una discusión para muchos a nivel nacional.
“Falta toda una estrategia de campaña, de pedagogía y de articulación entre las diferentes instituciones de salud, de integración social, de la mujer y de educación para hablar de gestión menstrual”, menciona Mariana Sanz.
Por su parte, a nivel distrital, existe toda una estrategia de cuidado menstrual que está liderada por varias entidades del distrito, entre ellas por la Secretaría de la salud, la Secretaría de la Integración Social, IDIPRON y la Secretaría de la Mujer.
Gran parte de estas iniciativas no tienen un registro ni desarrollo a largo plazo, muchas veces se convierten en programas temporales y no en garantías reales para la población menstruante. Según Mariana Sanz, una de las dificultades es que no solo “hace falta un reglamento que de línea para que las instituciones públicas y privadas garanticen este derecho”, sino que son programas que no existen dentro de los planes de desarrollo de las gobernaciones y, en consecuencia, no hay presupuesto que esté destinado a darle cumplimiento a largo plazo.
Este año la Secretaría de la Mujer tiene un rubro de 157 millones de pesos colombianos para financiar los proyectos e iniciativas alrededor de la dignidad menstrual. Sin embargo, son varías entidades públicas las que destinan recursos, tanto materiales como humanos. “Parte del presupuesto está destinado a pagar a las contratistas que acompañan la estrategia de cuidado menstrual, así como para los kits que se reparten en las Jornadas de Dignidad Menstrual”, menciona Castro.
“Hace falta esa oportunidad para que el distrito y las fundaciones, más allá de campañas, lo que nosotros podamos hacer es programas constantes (…) Siento que la menstruación digna refiere al acceso a la información, al acceso de insumos y, por supuesto, a la educación”, dice Portilla.
Sin embargo, la educación menstrual sigue siendo uno de los temas menos desarrollados de las políticas públicas, a pesar de que para la mayoría de activistas es uno de los pilares más importantes si se quiere dignificar la menstruación.
“Para una menstruación digna es necesario contar con políticas públicas que cobijen este proceso. Esto incluye educación integral. Si bien las multinacionales intentan impartir un acercamiento al tema termina siendo algo muy superficial. Las herramientas educativas son nulas, muy pocas personas se atreven a hablar, aprender y entender la menstruación”, explica Sarmiento.
Para esto, la Secretaría de la Mujer ha creado una estrategia pedagógica que se centra en el autocuidado y el autoconocimiento, que tienen la sigla EMA. “Allí tenemos cuatro módulos a través de los cuales esperamos tocar el tema del mito para poder abordar la vergüenza que muchas mujeres tienen al hablar de la menstruación. La intención es poder posicionar la menstruación como un tema de derechos humanos y que requiere estar en la agenda pública”, dice Castro.
Si bien las condiciones socioeconómicas y culturales afectan la educación que todas recibimos, la realidad es que, en la mayoría de los casos, crecimos pensando que menstruar debía ser un secreto, muchas no comprendimos cómo funcionaba la anatomía de nuestros cuerpos o el por qué teníamos que sentirnos mal en medio de los picos emocionales de nuestro ciclo menstrual. A quienes tuvimos mayores privilegios lo único que aprendimos sobre gestionar la menstruación fue cómo usar una toalla higiénica, un tampón o un protector diario.
Algo similar piensa Eliana Santana, quien afirma que “la única educación menstrual que nos daban en el país era la que nos daban las multinacionales cuando iban y nos visitaban en los colegios (públicos o privados) o a través de propagandas, periódicos, publicidad y demás. Pero, no recibimos una educación sexual y menstrual integral.”
Para muchas activistas, el mayor problema de esa educación impartida por las multinacionales eran las narrativas que usaban para asociar la menstruación con malestar, padecimiento, dolor o incluso vergüenza. La imagen que quedó plasmada en la cabeza de millones de niñas y adolescentes era ese sentimiento de pena y miedo que sentía la chica de las propagandas cuando creía que su ropa se había manchado, murmurándole a su amiga que la ayudara a conseguir un insumo desechable y luego la idea de que la sangre era azul o casi transparente, un tabú que nos hizo fingir que no menstruamos.
Para Nataly Sarmiento es necesario crear espacios donde se pueda hablar abiertamente del tema porque, según ella, “es algo urgente para dignificar el proceso de la menstruación y que deje de ser una carga para las mujeres”.
“El mayor problema es que haya comprensión sobre la salud menstrual, eso es lo más importante. Que quienes hagan política pública entiendan todo el activismo que se ha hecho en torno al tema (…) porque cuando hay educación menstrual podemos permitir que haya agencia y poder de decisión en niñas, adolescente y jóvenes sobre su gestión menstrual”, expone Mariana Sanz.
Dentro de la estrategia de pedagogía propuesta por el distrito, hay un módulo en el que se busca disminuir las brechas en el acceso de la información oportuna sobre los aspectos fisiológicos y socioculturales y otro módulo que corresponde a poder desarrollar agencia por parte de las mujeres para la toma de decisiones que estén relacionadas con esas experiencias menstruales, con su salud, con su bienestar, con sus derechos sexuales y reproductivos. La iniciativa llamada escuela menstrual y sus diferentes módulos de trabajo ya se ha realizado en instituciones de educación públicas para trabajar este tema con niñas y adolescentes en articulación con la Secretaría de Educación.
Otro de los retos más significativos para dignificar la menstruación es el acceso a la salud menstrual. De hecho, según un estudio publicado por Profamilia, en 2020 el12% de las mujeres tuvieron la necesidad de ir a una consulta ginecológica y muchas de ellas no tuvieron acceso a ello porque las EPS e IPS suspenden y limitan la atención, afectando en mayor medida a las mujeres de bajos recursos, madres cabezas de hogar, en situación de desplazamiento y migrantes venezolanas.
Por eso, la menstruación digna resulta ser un problema de salud pública. En palabras de Adriana Robles, “si no fomentamos que haya acceso al sistema de salud para todas las mujeres, muy seguramente no se puedan detectar patologías (como los miomas, los pólipos, la endometriosis) mucho antes”.
Aunque se han logrado avances en materia legislativa, se han creado proyectos, iniciativas y políticas públicas que han ayudado a dignificar la menstruación, muchos de estos esfuerzos se han limitado a las entidades y gobernaciones distritales, al trabajo de las empresas y fundaciones privadas, al debate y las intervenciones que han intentado poner las activistas menstruales. Pero sigue sin existir un reconocimiento claro y contundente del Derecho a la gestión menstrual a nivel nacional.
Mientras tanto, cientos de personas menstruantes siguen sin acceso a salud, recursos, información o educación que les permita tener una menstruación digna. Nosotras, como seres menstruantes, creímos que nuestro destino era ignorar u ocultar que menstruamos. A nosotras nos dijeron que la sangre de nuestros cuerpos debía ser transparente y nos convencieron de que el tabú era necesario para seguir silenciando el hecho de que, para miles de mujeres, niñas y adolescentes, la menstruación no es una necesidad básica, sino un privilegio.
