Por: Sebastián Rodríguez Sarmiento // Periodisimo de conflicto

En entrevista exclusiva con Directo Bogotá, un servidor público da cuenta del complejo fenómeno de la parapolítica. Descubra cómo a través de la violencia y los nexos con grupos al margen de la ley las élites locales no solo lograron perpetuarse en los cargos públicos a lo largo de generaciones, sino consolidar su poderío económico y social.

La parapolítica no es solo un fenómeno de cooptación de votos por medios violentos. Esta representa también una expresión social, cultural y política que surge de vacíos institucionales que el profesor Miguel Ángel Centeno describe de la siguiente forma en su libro Sangre y deuda: ciudades, Estado y construcción de nación en América Latina (2014, Universidad Nacional de Colombia): “Colombia es un país en el que siempre han existido más territorio que Estado y más habitantes que ciudadanos”.

La anterior definición no sobra, a propósito de los tres casos de políticos vinculados a grupos paramilitares, que, para enero de 2020, habían sido aceptados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de David Char, Álvaro Ashton y Musa Besaile. Para conocer más acerca de esta problemática, Directo Bogotá entrevistó a un servidor público (que permanecerá anónimo por cuestiones de seguridad) que ha trabajado de forma cercana con varios expresidentes y también con el actual gobernante, Iván Duque.

Directo Bogotá [DB]: ¿Cómo surge la parapolítica en Colombia?

R: Buena parte de la lucha en Colombia ha sido por la tierra, que es vista como un factor de riqueza, ya sea para su cultivo y explotación legal como para la explotación de rentas ilegales. Desde el principio, grandes latifundistas se adueñaron de la tierra y se enfrentaron con los revolucionarios a favor de la reivindicación agraria, esos que no estaban conformes con la distribución de la tierra y que dieron origen a varios grupos guerrilleros. A modo de defensa, estos latifundistas, inicialmente amparados por la Constitución de 1886 (que consagraba las milicias nacionales), tratarán de complementar estos vacíos del Estado que la fuerza legítimamente constituida no podía llenar.

Con la llegada del narcotráfico en las décadas de los setenta y ochenta, todos los actores violentos vieron en esta actividad una fuente de financiación. Es así como ciertos latifundistas del país, que tenían empresas exportadoras de banano y cultivos legales, van a empezar a quebrarse; entonces también acuden al narcotráfico. Muchas de estas familias también terminan por relacionarse con el presupuesto público, con ayuda de de las clientelas electorales regionales; saben que el erario también es una fuente de ingresos, a través de la corrupción y los procesos clientelares.

Sencillamente, lo que hicieron estas élites locales fue adicionar el poder político al económico que ya tenían, a través de campañas electorales para sus hijos o miembros más insignes de la familia; para que fueran gobernadores, alcaldes, etc. Al lograr entonces los poderes económico, político y territorial, se convirtieron en unas élites parásitas o chacales que terminarán apropiándose de todo, de las economías legales e ilegales, y coartando al Estado. También impartirán justicia por mano propia.

¿Cuáles son los desafíos para llegar a una paz estable y duradera?

DB: ¿Por qué estos clanes políticos no pierden legitimidad cuando el Estado condena o inicia investigaciones contra algunos de sus líderes?

R: Gracias a las estructuras clientelares, desde compra de votos y pago de favores hasta la generación de empleos. Usted habla de una familia que no voy a decir [sic] el nombre, pero son dueños de una de las cadenas más grandes de supermercados en Colombia. Alguna vez alguien me dijo que una empresa llamada Wal-Mart les ofreció comprarla en 18 millones de dólares, ofreciéndoles aun mucho más de lo que valía; porque Wal-Mart quería quedarse con toda la infraestructura que tenían. Pero el patriarca de la familia dijo que no, porque “yo ese negocio [sic] de los supermercados no lo tengo para ganar dinero; para ganar dinero tengo otros negocios. Tengo esta cadena de supermercados en todo el país, en donde vendo barato, porque ahí tengo una red clientelar”.

Haga cuentas. Usted va a ver que en la mayoría de los casos los cajeros y los gerentes son de la Costa Atlántica; entonces, piense cuántos empleados puede tener esa cadena de supermercados en todo el país, y multiplique cada empleado por su núcleo familiar, que son cuatro personas. Eso le garantiza a usted un caudal mínimo de 80 000 votos para poner a cualquier senador. Hay mucha gente que dice que con tal de que me den un puesto o con tal de que me paguen el voto, yo me muevo.

Cuántos votos no logró moverle a cierto expresidente uno de los hombres que usted me cita. Él decía: “Lo que necesito es dinero para movilizar gente y pagarles”. Entonces, si alguien quiere ser presidente, necesita a tal región del país, y los políticos tienen que transar con las élites de esas regiones; si quiero el respaldo de ellos, tengo que transar. Así hizo la familia dueña del supermercado con el candidato a la presidencia Vargas Lleras, que acordó con ellos para tener el respaldo económico y clientelar que necesitaba.

DB: ¿Por qué se perpetúa culturalmente esta forma de votar?

R: Porque tenemos una cultura feudal de élites. La élite no solo es dueña de la tierra, sino que piensan que en sus territorios o zonas de influencia lo que tienen son siervos y no ciudadanos que puedan discrepar. A la larga, si los gobiernos de centro o izquierda quieren llegar al poder local o nacional, tienen que transar. ¿O cómo obtuvo Petro una gran votación en la Costa Atlántica? No fue el voto de opinión. Él también transó; [pero] la cosa es que las transacciones no se han hecho públicas. Entonces, los políticos tienen que pactar con estas élites, que son ganaderas y terratenientes, aquellas que no dejan que haya agroindustria ni desarrollo. Ellos son apropiadores de la tierra, lavadores de activos y cultivadores ilícitos.

DB: ¿Por qué los parapolíticos están acudiendo a la JEP?

R: Lo que les queda a ellos es irse a la justicia ordinaria, que va a recetarles varios años de cárcel o a politizar sus delitos para entrar a la JEP. Ellos son conscientes de que es un sistema [en el] que prima el principio de oportunidad: si yo delato a los demás, me hago enemigos a muerte. Pero ellos se salvan y tendrán que perderse; a la cárcel no quieren ir.

DB: ¿Cuál es el papel que debe cumplir el periodismo para aportar al país?

El periodismo es quien debe desnudar todos los escándalos y todos los casos de corrupción, no solo en Colombia sino en el mundo. Por ejemplo, pasa en Estados Unidos, que se dio el lujo de tumbar a un presidente a causa de dos periodistas del Washington Post [escándalo Watergate]. La responsabilidad de los medios es hacer esa especie de auditoría a los poderosos, y el papel del periodismo va encaminado totalmente hacia el periodismo digital, ya la gente recibe la información es por el celular y las redes sociales.

Los tres casos de parapolíticos aceptados por la JEP

A continuación, tres perfiles de cada uno de los expolíticos que han sido vinculados con el paramilitarismo; en ellos se desarrollan sus conexiones con los grandes clanes políticos tradicionales de ciertos departamentos de Colombia, sus inversiones y sus negocios. ¿Por qué estas personas han adquirido tanto poder e incidencia en la política colombiana? ¿Por qué motivos fueron aceptados en la JEP y los investiga el Estado colombiano?

David Char

David Char, empresario y exsenador del partido Cambio Radical, nació en Barranquilla, bajo el seno de una familia forjadora de un fortín político en esta región de Colombia. Esta poderosa dinastía se consolidó a través de sus millonarias empresas —entre otras, los almacenes y droguerías Olímpica, el Junior de Barranquilla, la Organización Radial Olímpica, el Banco Serfinanza, los Aeropuertos de Oriente S. A. S., Sonovista...—. Char es sobrino de Fuad Char, líder del Grupo Char; primo del exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, y, también, primo del presidente del Congreso, Arturo Char. Este último tiene una investigación pendiente por la fuga de Aída Merlano.

El 30 de abril de 2019, Char fue aceptado en la JEP. De esta forma se convirtió en el primer político admitido para responder por parapolítica. La JEP accedió a su petición porque se comprometió a identificar a otros miembros del Congreso de la República, de quienes no tenía noticia la justicia ordinaria, apoyadores del proyecto político y armado paramilitar entre 2002 y 2010. Además, juró contribuir al esclarecimiento de la participación concreta que tuvieron tanto él como otros agentes del Estado y empresarios en la financiación y expansión del proyecto de las AUC.

Álvaro Ashton

Álvaro Ashton nació en Barranquilla. Fue senador y representante a la cámara por el Partido Liberal. El 18 de junio de 2019 Ashton fue aceptado finalmente en la JEP, tras un primer proceso que la Sala de Definiciones Jurídicas había rechazado en 2018. Los compromisos más importantes que adquirió ante la JEP fueron delatar a otros involucrados en el “cartel de la toga” y contar los detalles de su carrera política de la mano de los paramilitares (incluyendo el papel que desempeñó en el Congreso para la aprobación de la ley de Justicia y Paz).

En una segunda propuesta el exsenador se comprometió a aportar verdad con relación a todos los hechos que le constan de los procesos adelantados en su contra en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a explicar su relación con el frente José Pablo Díaz de las AUC y contribuir al resarcimiento de las víctimas del conflicto armado. A su vez, la JEP rechazó su proceso ante la justicia ordinaria por presuntos delitos contra la libertad, integridad y desarrollo sexual de menores de edad.

Musa Besaile

Besaile nació en Sahagún (Córdoba) y es hermano del exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, suspendido por el desfalco a la salud (cartel de la hemofilia, cartel de las terapias inmunológicas, cartel del síndrome de Down…) en el departamento. La política en Córdoba está repartida en dos clanes visibles que conviven y funcionan juntos: uno es el de los Elías, encabezado por Bernardo Miguel “El Ñoño” Elías, y el otro el de los Besaile, cuyo cacique es Musa Besaile. Ambos exsenadores están detenidos en prisión por escándalos de corrupción.

El 17 de enero de 2020 Besaile fue aceptado en la JEP por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y peculado por apropiación. Al excongresista del partido de La U lo investigaba la Corte Suprema de Justicia por haber participado en el cartel de la toga; este caso finalmente fue trasladado a la JEP, quien consideró que entre el exsenador Besaile y el Bloque Córdoba de las AUC existía una relación de contribución política, económica y burocrática al grupo armado. Esta unión entre las AUC y Besaile posibilitó su elección como senador del departamento de Córdoba.

Cinco grandes paradojas del posconflicto en Colombia