Por Katrina Melguizovski // Fotoperiodismo
Con el paso del tiempo, el estado de salud de los pueblos indígenas asentados en el Parque Nacional se ha agravado. Pero no su espíritu inconforme y deseo de cambio. Conozca aquí los motivos de su lucha y el trayecto que han recorrido hasta ahora en su búsqueda de una respuesta a sus necesidades.
Entre las frías mañanas bogotanas y el sofocante sol del mediodía, el Parque Nacional está detenido en el tiempo: desde el 29 de septiembre, trece pueblos indígenas, en su mayoría emberas, permanecen en cambuches improvisados bajo robles y urapanes. Aunque muchos de ellos fueron desplazados de sus lugares de origen —como Chocó, Risaralda…—a causa de la violencia, la mayoría guarda, con la calidez de sus calderas humeantes y la ligereza de sus ropas colgadas de las ramas, la esperanza bajo el cielo nublado.
A finales de septiembre, el líder indígena Rafael Arbeláez caminó varios kilómetros desde su hogar en Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, tras ser nuevamente desalojado. Él y cientos de indígenas embera planearon acampar en el Parque Nacional indefinidamente para exigir una solución digna de vivienda y protección por parte del Distrito y el Gobierno. Hasta el momento, llevan alrededor de 40 días.
Aunque en teoría los subsidios gubernamentales dictados por la Ley 1448 de 2011 cobijan a las víctimas del conflicto armado interno del país, las ayudas ofrecidas como parte de un paquete de ayuda en el marco de la pandemia se agotan, y muchas de las familias con bebés en brazos dicen que no tienen a dónde ir. “Realmente, no hemos tenido un ofrecimiento de soluciones. Nosotros no hemos recibido ninguna garantía”, dijo Arbeláez mirando fijamente a la cámara. “Para que nos den una solución estamos exigiendo la mesa de diálogo del Gobierno, la Alcaldía o el Distrito.”
Una protesta en fragmentos
Arbeláez (cuyo nombre tradicional es Emutor) pertenece al pueblo Cubeo (Kubeo), residente de Vaupés, entre las fronteras con Venezuela y Brasil. Él y muchos otros indígenas desplazados llevan viviendo varios años en Bogotá, donde han consolidado Las Autoridades Indígenas en Bakatá: un proceso organizativo y político de pueblos indígenas que buscan el reconocimiento del Ministerio de Cultura, las autoridades y los pueblos indígenas mismos.
Pedro Nel, líder indígena de la comunidad embera katía proveniente de Bagadó (Chocó) afirmó: “No tenemos garantía de nuestro apartamento. Nos sacó el dueño; por esa razón nosotros estamos acá. ¡No tenemos ni alimentación! Venimos de Ciudad Bolívar y no nos moveremos de acá hasta que no nos garanticen mejor techo y mejor alimentación, porque en estos momentos no tenemos ni trabajo ni nada”. Mientras tanto, un líder indígena reunía a varias madres con sus niños y bebés en brazos para advertirles, en español, que los cuidaran bien y no permitieran que se bañaran en los charcos que estropean ese piso en el que duermen sin cobijas y en el que cocinan con fogatas.
Desplazamiento forzado y promesas vacías
Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 prometió poner fin a 52 años de conflicto entre las FARC-EP y el Estado, muchas comunidades indígenas, incluidos los embera, aún no han conocido la paz. Es por eso que hoy se repite la historia que tanto hemos escuchado: mingas se movilizan y se toman las ciudades. Es por eso que estamos obligados a atender, con ojos y oídos bien abiertos, el clamor, hasta ahora latente, de estas comunidades asentadas en el corazón de la ciudad, en el Parque Nacional.
Divididos entre Colombia y Panamá, los embera viven en remotas comunidades ribereñas y montañosas a lo largo de la costa del Pacífico y las selvas del noroeste de Colombia. Según una determinación de un tribunal superior en el 2009, 50 000 personas pertenecientes a la tribu embera —de nacionalidades Chami, Katío, Dobida y Eperara Siapidara— están en peligro de extinción. Y el Gobierno afirma que desde 2012, más de 2500 indígenas se han reubicado en Bogotá.
Según el secretario distrital de gobierno, Luis Ernesto Gómez, a los indígenas se les ha atendido con 1693 millones de pesos, de los cuales 508 millones han sido para alojamiento y 682 millones han sido pagados directamente a arrendatarios. Por su parte, el Distrito asegura que desde marzo de 2020, y con la emergencia sanitaria que se ha agudizado en el Parque Nacional, la Alcaldía Mayor ha destinado 1895 millones de pesos para la atención inmediata de 1277 personas.
El Distrito les propuso a los indígenas un albergue temporal en la unidad para víctimas de la Florida, que, según ellos, cuenta con las condiciones e infraestructura necesarias para la reubicación transitoria de estas comunidades. A esta opción solo se acogieron los emberas chamís, y en el Parque Nacional se quedaron los katíos y otras 12 comunidades que integran las Autoridades Indígenas de Bakatá. Desde allí proclaman que en el refugio no hay condiciones dignas.
La Florida
“Hubo un pueblo al que le prometieron una solución, y los llevaron a La Florida. Pero ellos están en unas condiciones muy pésimas. Y para nosotros eso no es una solución. Llevarlos y amontonarlos allá como ratas, sin comida suficiente… ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Y las enfermedades qué? Allá no hay médicos…”, continuó Rafael. “Nosotros tenemos comunicaciones y enlaces directos con ellos a través de Facebook, Twitter y varias redes. Cada día están publicando, porque si fuera por ellos, también estarían acá. Pero eso está vigilado por el Distrito. Es una fachada para fingir que todo está bien”, añadió.
Al otro lado de la ciudad, en el occidente, casi a las afueras, se encuentra el alojamiento temporal para víctimas del parque La Florida. Numerosas carpas y coches se amontonan unos sobre otros en un pequeño espacio; no cabe un objeto más. “Este es el pueblo katío, con todos los niños que están aquí. Necesitamos cobijas, pañales, zapatos y ropa para recién nacidos y para niños de cinco años. Hay niños que no tienen ni colchones ni cobijas… ni una comidita tampoco. Tampoco hay ollas. Muchos mosquitos están picando a los niños”, manifestaba uno de los indígenas mostrando el estado del lugar en un video.
Según la comunidad asentada allí, en La Florida se sufre de hacinamiento, desabastecimiento de agua, altos costos de traslado y falta de acceso a la salud y educación. Leonidel, otro de los líderes indígenas de la comunidad, comenta que el trabajo y los medios para obtener dinero de los indígenas se concentra generalmente en el centro y que, por lo tanto, “implicaría el traslado diario y costoso de los indígenas a la ciudad”.
La coyuntura de los indígenas del Parque Nacional
Aunque cercadas por un simple pedazo de plástico amarillo que dice “no pase”, las comunidades se ven expuestas de otras maneras. El acompañamiento mediático se ha agudizado, y con él la tensión entre lo íntimo y lo público, materializada en la exhibición de la cotidianidad de estos indígenas por parte de los diversos medios que vienen a cubrir la noticia. Desde las siete de la mañana, aparecen sin falta CityTV, Caracol y RCN, entre otros.
Desde la madrugada, varias mujeres cocinan en una gran hoguera mientras que varios niños, descalzos y sin pañal, corren alrededor del monumento Uribe Uribe. En tiempos recientes, este se ha convertido en el punto de partida de varias de las marchas más importantes de estudiantes, campesinos desterrados y trabajadores movilizándose para demandar cambios y proclamar derechos. Asimismo, el Parque Nacional, una suerte de corazón de la ciudad, es el paso obligado de las rutas de transporte que inundan la carrera séptima.
El estado de salud de muchos indígenas se ha agravado, especialmente el de niños pequeños y mujeres embarazadas. Además, las fuertes lluvias de invierno han inundado varias zonas del parque y el campamento, y su consecuencia han sido patologías de tipo respiratorio. Según Profamilia, quienes acompañan a la comunidad, el primer diagnóstico tras la auscultación de los niños en el campamento fue de 60 casos de diarrea, fiebre, deshidrataciones, escoliosis y escoliosis contagiosa.
Según denuncia la comunidad, estas enfermedades han empeorado desde el intento de desalojamiento forzoso del pasado 19 de octubre por parte del ESMAD; todo ocurrió en el marco de una audiencia citada por el Distrito a la que la alcaldesa, Claudia López, nunca llegó. “Han sido perjudicadas cuatro mujeres, tres en proceso de parto, cuatro con amenazas de aborto y un sinnúmero de niños afectados por el gas lacrimógeno. Esto ha agudizado las enfermedades y las virosis bajo las condiciones en las que estamos”, afirmó la lideresa indígena Diana Mediana en un video de la Organización Nacional Indígena.
Lo cierto es que se han intentado hacer tres audiencias públicas; la última, a la que los indígenas no asistieron, el 21 de octubre. Pero ha sido tal el afán de establecimiento del espacio público que se aprobó el 22 de octubre el desalojo de la comunidad, dejando de lado toda posibilidad de diálogo. A la indiferencia institucional, se suman el rechazo de la comunidad muisca de Bosa, quienes controvierten la legitimidad de la autoridad de los indígenas del parque, y el rechazo de la ciudad por mirar nuevamente hacia el corazón y la tierra.
Frente a esta situación, y manteniendo la esperanza bajo el cielo nublado, las Autoridades Indígenas de Bakatá cantan: “Guardia, guardia. Fuerza, fuerza. Por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia. Fuerza, fuerza. Por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia. Fuerza, fuerza. Por mi raza, por mi tierra. Indios que, con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y perseverancia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor”.
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