Por: Adriana Lucia Mayorga González – Ivan Camilo Cabanzo Cristancho – Paula Sofía Reyes Castellanos // Análisis del conflicto
Catorce estudiantes de la clase de Análisis de Conflicto se dieron a la tarea de trabajar cinco infografías que dan cuenta de hechos aparentemente contrarios a la lógica, pero que evidencian que las causas profundas de la guerra permanecen ahí, sin resolver.
Los campesinos, indígenas, comunidad negra, afro, raizal y palenquera y demás habitantes de territorios excluidos, no han podido acceder a la representación política para la defensa de los intereses de sus comunidades. además, cuando logran algún nivel de organización para ejercer liderazgo, los amenazan y asesinan.
Según el Plan Marco de Implementación y atendiendo al punto dos del Acuerdo Final de Paz que se refiere a la participación democrática para poblaciones y territorios que no han logrado representación política directa, el Ministerio del Interior se encargaría de promover la creación de las circunscripciones transitorias especiales para la paz (CTEP). El proyecto de acto legislativo para las CTEP se radicó en 2017. Las 16 zonas donde funcionarían coinciden con las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). El proyecto, que indudablemente le quitaría votos a las curules ya establecidas y cooptadas por los partidos tradicionales en el Congreso, no logró la votación necesaria para ser aprobado y fue archivado mediante un acto administrativo.
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Por otro lado, en los territorios más vulnerables los puestos de votación están localizados en lugares de difícil acceso para la población. Hay fraude electoral y factores de violencia, evidenciando que la participación política sigue altamente condicionada. Un ejemplo de esto es la compra de votos y los asesinatos a candidatos, que perpetúan la exclusión de nuevos representantes a los cargos de elección popular. Dos años después de la fecha acordada, se han hecho intentos para aprobar estas circunscripciones transitorias especiales, como radicar otro proyecto, o entutelar la decisión. El único que puede darle continuidad a la creación de las 16 curules es el Consejo de Estado, quien sigue estudiando el caso para que el presidente del Senado revoque de acto legislativo que archivó la iniciativa.
Mientras sigue el proceso, el asesinato a líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la implementación del Acuerdo de paz, no para. Aunque hay diferentes datos, lo cierto es que las medidas de protección antes y después del Acuerdo, son insuficientes y las amenazas continúan.
La intención de apertura democrática que tiene el Acuerdo de paz, se encuentra frustrada por una incapacidad institucional para la implementación. Esto sucede por la falta de garantías de seguridad para las personas que tienen la intención de participar en la política, lo que se traduce en el uso de la violencia como el método para controlar a la población en los territorios. Así se evita uno de los principales propósitos del Acuerdo: la representación y participación política de poblaciones y territorios que han sido mantenidos al margen. Además, se les sigue obstaculizando la posibilidad de tramitar por sus propios medios los intereses comunitarios que les conciernen de forma directa.
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